Derecho Fundamental | Abogados en Murcia

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Sobre la CADUCIDAD, Y, EN SU CASO, PRESCRPCIÓN DE LA ACCIÓN reclamación de tutela por infracción de derechos fundamentales y reclamación de daños y perjuicios en el ámbito laboral.

 

 

 

Es aplicable el plazo de caducidad de veinte días desde que el trabajador sufre el incumplimiento empresarial. La observancia del plazo de caducidad que es intencionadamente breve precisamente por la urgencia que exige la resolución de las cuestiones de esa naturaleza como son la salvaguarda de los derechos fundamentales y debe ser actuado dentro de plazo por las consecuencias y efectos jurídicos que de la misma pueden derivarse. La acción pudo ejercitarse desde que se tuvo conocimiento del incumplimiento empresarial allá por el año 2004 (STSJ Canarias S. Cruz de Tenerife Sala Social, número 662/2013 de 18 de octubre).

 

STSJ Cataluña (12/04/2001): Por obvias razones de método se ha de analizar en primer término la alegación de prescripción de la acción, de acuerdo con el artículo 59 del  Estatuto de los Trabajadores  [ RCL 1995, 997]   (ET). El motivo se ha de acoger. La acción ejercitada en el presente proceso deriva de que el actor, como consecuencia de la constante conducta discriminatoria de que habría sido objeto por parte de la empresa demandada, ha sufrido un daño consistente en un trastorno depresivo, que se ha ido agravando especialmente desde 1994, que ha dado lugar a diversos períodos de baja y finalmente a unas secuelas consistentes en trastorno depresivo mayor grave sin síntomas psicóticos y una incapacidad permanente para la actividad laboral, por lo que, en base a tales hechos, se reclama de la empresa demandada la correspondiente indemnización de daños y perjuicios. Se ejercita, pues, una acción derivada del contrato de trabajo y se demanda la responsabilidad contractual derivada del artículo 1101 del Código Civil, y ello supone que deben aplicarse al caso de autos los plazos de prescripción fijados en el Estatuto de los Trabajadores, y en dicho Texto el artículo 59.1 establece que las acciones derivadas del contrato de trabajo que no tengan plazo especial prescriben al año. Teniendo en cuenta que el «dies a quo» para el arranque del término prescriptivo de un año a que se refiere el artículo 59.2 del ET ha de situarse en «el día en que la acción pudo ser ejercitada», tratándose de lesiones el cómputo del plazo prescriptivo se ha de iniciar desde el momento en que se conocieron de modo definitivo los efectos del quebranto padecido según el parte de alta médica y la declaración de incapacidad permanente, pues sólo entonces estuvieron los interesados en condiciones de valorar el total alcance efectivo del daño producido y el importe de la adecuada indemnización, de manera que solamente en las referidas fechas puede afirmarse que «lo supo el agraviado» (art. 1968.2 CC) y que las acciones «pudieron ejercitarse» (arts. 59 ET y 1969 CC); inequívoca doctrina que se halla ciertamente consolidada en la jurisprudencia, para todos los supuestos de exigencia de responsabilidad por lesiones, traigan o no causa en accidente de trabajo (  STS 22 marzo 1985  [ RJ 1985, 1374]  , entre otras).

En el caso de autos, de acuerdo con los hechos probados 12º y 13º de la sentencia recurrida, resulta que el actor, que con anterioridad al año 1993 no había padecido trastornos ansioso- depresivos, inicia a partir de esa fecha proceso de trastorno distímico, con bajas de incapacidad temporal del 25-3-1993 al 2-4-1993, del 10-11-1993 al 27-11-1993, del 18-1-1994 al 18-11-1994, del 2-5-1995 al 8-5-1995, del 22-9-1995 al 17-3-1997 y del 15-9-1998 al 15-3-2000. El parte de baja de 18-1-1994 fija como diagnóstico «trastorno de conducta», obrando informe médico de 1994 que refiere un «trastorno adaptativo con alteración mixta de las emociones y la conducta, todo ello reactivo a una conflictividad laboral», evolucionando posteriormente el cuadro hacia un trastorno depresivo mayor, señalando un informe de 12/1995, del Centre de Salut Mental del Maresme (doctor G.) la existencia de «un trastorno distímico reactivo a situación conflictiva laboral de difícil solución que lleva dicho trastorno hacia la cronicidad» (folio 200), habiendo sido posteriormente diagnosticado de depresión mayor relacionada con su estrés y problemas de tipo laboral. En tal sentido, obra informe emitido en 1/1996 a petición del interesado por Médico Psicoterapeuta (folio 201), en el que se expresa que el cuadro ha evolucionado hacia un trastorno depresivo mayor. Señala asimismo el hecho probado 13º que ese diagnóstico se ha seguido manteniendo en sucesivos informes del Centre de Salut Mental del Maresme del Servei Català de la Salut; así, en informes del doctor G. de fechas 27-3-1997 y 18-6-1997 (folios 240 y 244) se indica que el paciente viene siendo atendido en nuestro servicio desde el día 13-12-1995 por un cuadro de depresión mayor, fijándose como orientación diagnóstica depresión mayor. Finalmente, según reza el indicado hecho probado, hay un informe del CRAM sobre continuación de incapacidad temporal, de fecha 15-4-1997 (folios 241 a 243) en el que se refiere que el actor cumple en la actualidad criterios diagnósticos para trastorno depresivo mayor sin síntomas psicóticos, así como otro informe del citado Centro de Salud Mental del Maresme, fechado a 26-11-1999, que igualmente diagnostica depresión mayor.

Así las cosas, en el presente caso, en que no ha habido expediente de incapacidad permanente, ni en consecuencia resolución declarativa de invalidez, ni por tanto dictamen de la unidad evaluadora ni propuesta de la Comisión de Evaluación de Incapacidades, sino sucesivos procesos de incapacidad temporal por causa del trastorno depresivo, nos encontramos con que ya desde finales de 1995 y principios de 1996 (según informes de los folios 200 y 201, en relación con los informes de folios 240 y 244) el actor presentaba un trastorno distímico crónico diagnosticado de depresión mayor. Es más, expresan los hechos probados 11º y 12º de la sentencia de instancia que el actor, como consecuencia de la conducta de la empresa, que le mantuvo aislado del resto de los miembros del Departamento al que estaba adscrito, sin despacho, ni mesa, ni teléfono, ni silla, presentó denuncia ante el Juzgado de Instrucción núm. 22 de Barcelona en 11-3-1997, incoándose diligencias penales que fueron archivadas por Auto del Juzgado de 15-12-1997, confirmado por Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de 16-2-1998 (vid. folios 219 y ss.), notificado en 23-2-1998, por razón de no ser la conducta empresarial, de no dar efectiva ocupación al trabajador, penalmente típica. Y es de ver que en la denuncia origen del procedimiento penal (folios 192 y ss.) se hacía constar que la contumaz conducta discriminatoria de la denunciada ha provocado en el denunciado «un grave trastorno depresivo», y se adjuntaba a la misma los informes de 12/1995 y 1/1996 antes referidos y obrantes a folios 200 y 201. Por lo que resulta claro que la secuela psíquica se hallaba ya consolidada en tales fechas, con notas de permanencia y cronicidad, con el diagnóstico de depresión mayor, que se reitera en sucesivos informes médicos posteriores, por lo que es a partir de tal momento (1/1996) cuando pudo ejercitarse la acción, presentándose la papeleta de conciliación en 22-2-1999. Y si bien es cierto que la jurisprudencia, en relación al «dies a quo» para el cómputo del plazo de prescripción anual «ex» artículo 59 ET para la acción de responsabilidad civil derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional, ha declarado que cuando previamente a la interposición de la demanda laboral se hubiera seguido una causa criminal que concluya sin declaración de responsabilidad penal, en el caso de que el perjudicado no se haya reservado la acción indemnizatoria para ejercerla fuera de ella, se interrumpe el plazo de prescripción, que comenzará a contarse a partir del día en que el proceso penal finalizó (  SSTS 12-2-1999  [ RJ 1999, 1797]   y  6-5-1999  [ RJ 1999, 4708]  ), no es menos cierto que, en el presente caso, ajeno por completo al supuesto de responsabilidad empresarial derivada del riesgo profesional de sus trabajadores, cuando el interesado interpuso la denuncia en vía penal (3/1997), por la que imputaba a la empresa una conducta discriminatoria en los últimos años, presuntamente constitutiva de delito y generadora de secuelas psíquicas al denunciante, en concreto de «un trastorno depresivo mayor», que según la denuncia había de ser objeto de valoración forense, había ya transcurrido el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad civil derivada del ilícito laboral, máxime cuando la última actuación discriminatoria que se imputa a la empresa (falta de ocupación efectiva), perdura según la propia denuncia hasta noviembre de 1995, pese a lo cual no se acude el proceso penal hasta 3/1997. De ahí que no podamos conferir a la meritada causa criminal eficacia interruptiva de la prescripción y, en consecuencia, se ha de concluir que la excepción de prescripción aducida por la empresa demandada debió ser acogida, procediendo por ello la estimación de su recurso, con correlativa desestimación del interpuesto de contrario y revocación de la sentencia de instancia.

 

 

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